En 2019 la Seguridad Social le concedió la incapacidad permanente en grado de total cualificado, puesto que todas las partes consideraban que no podía realizar su trabajo actual, teniendo derecho a un 75% de su base reguladora.
En 2020, sin que nuestra clienta hubiera experimentado ningún tipo de mejoría, el INSS decide revisar el grado y acaba por quitarle la pensión reconocida tan solo un año atrás. Todo esto a pesar de que el INSS reconoce las patologías de nuestra defendida tal y como indican en el examen médico del EVI:
Para el juicio valoramos la importancia de incluir un informe pericial que ratificase las patologías y limitaciones de nuestra cliente.
En Fidelitis somos conscientes de la dificultad de valorar las limitaciones que presenta el cáncer en cada individuo, ya que cada uno puede experimentar diferentes limitaciones ante las mismas patologías, no solo en la Seguridad Social, sino en los juzgados.
Gracias a todo el trabajo realizado por parte de los abogados de Fidelitis (a los argumentos de nuestra abogada, a los informes médicos conseguidos y al informe pericial), el juez nos dio la razón y a nuestra clienta se le devolvió la pensión de incapacidad permanente en grado de total cualificado, teniendo derecho a cobrar un 75% de su base reguladora y a cobrar todos los atrasos desde abril de 2020 (fecha en la que le quitaron la pensión) hasta julio de 2021 (fecha en la que se la vuelven a conceder).
