El caso que os contamos es de un cliente que llegó a nosotros después de que el INSS le retirase su pensión por incapacidad permanente en grado de absoluta a un paciente que lo tenía reconocido desde 2021.
Nuestro defendido padece de trastorno mental orgánico y trastorno adaptativo, lo cual le produce una serie de limitaciones mentales incompatibles con todo tipo de trabajo. Tras un análisis de sus informes médicos nos dimos cuenta que faltaba información acerca de sus limitaciones, por lo que el primer paso fue conseguir nuevos y mejores informes médicos, siendo el cliente asesorado por nuestros abogados.
El trastorno mental de nuestro cliente le impide llevar una vida normal y todavía más realizar cualquier tipo de trabajo, motivo por el cual en 2021 se le reconoció la pensión por incapacidad permanente en grado de absoluta, cuando su trabajo habitual era el de agente inmobiliario.
La Seguridad Social entendía por aquel entonces que sus limitaciones le imposibilitaban para cualquier trabajo, pero en 2022 decidieron rebajarle la pensión en grado de total, lo que se tradujo en cobrar un 55% de lo que estaba cobrando, asumiendo que había experimentado una mejoría; nada más lejos de la realidad.
En la revisión de 2022 el dictamen propuesta del EVI reconoce las siguientes limitaciones:
Para el juicio valoramos la importancia de incluir un informe pericial que ratificase las patologías y limitaciones de nuestro cliente.
Somos conscientes de lo difícil que puede ser valorar a un paciente con limitaciones como las que presentaba nuestro cliente, no solo en la Seguridad Social, sino en los juzgados, por lo que solicitar la ayuda de un médico forense para que valorara a nuestro representado y elaborase un informe para incluirlo como medio de prueba fue un paso importante a nuestro favor.
Más tarde este informe pericial, junto a los excelentes argumentos de nuestro abogado, nos dio la razón, y a nuestro cliente se le volvió a conceder una pensión por incapacidad permanente en grado de absoluta.
