Gran Invalidez por Parkinson

El caso que os contamos es de un cliente de 57 años que llegó a nosotros tras verse muy limitado para cualquier actividad laboral.

En un primer contacto se le solicitó que nos explicara sus patologías y las limitaciones que le causaban. El hombre estaba diagnosticado de Parkinson, y entre sus limitaciones se encontraban la incapacidad de manipular instrumentos e imposibilidad de bipedestación prolongada.

Tras un exhaustivo análisis por los abogados de Fidelitis, se observó que, a pesar de las limitaciones mencionadas, éstas no estaban bien reflejadas en los informes médicos. Así que el primer paso a seguir era conseguir nuevos y mejorados informes médicos en los que se expusieran mejor sus limitaciones.

Una vez conseguidos unos informes médicos lo suficientemente satisfactorios para iniciar el procedimiento, presentamos la solicitud por vía administrativa para conseguir una pensión por incapacidad permanente, y más tarde nuestro cliente pasó el Tribunal Médico tras previo asesoramiento por parte de Fidelitis de cara a conocer las posibles preguntas del Tribunal.

El INSS resolvió finalmente conceder a nuestro cliente una pensión por incapacidad permanente en grado de absoluta reconociendo un cuadro clínico de: ”Enfermedad de Parkinson desde 2011”.

Desde Fidelitis, sin pasar por alto que era un avance en el procedimiento, nos sentiamos indignados al ver la resolución, ya que el INSS había reconocido la enfermedad de nuestro cliente, pero no sus limitaciones, ni lo más importante: el grado de pensión al cual creíamos que tenía derecho.

Nuestro defendido no podía manipular objetos ni desplazarse sin la ayuda o el control de una tercera persona, por lo que decidimos informarle, siempre recordando que su pensión ya reconocida no corría peligro, y realizar una Reclamación previa a la vía jurisdiccional precisamente para intentar no llegar a juicio y que se le reconocieran sus derechos.

Nuestra reclamación previa fue desestimada, ya que el INSS pensaba que habían resuelto justamente y ajustándose a derecho, pero nosotros sabíamos que no había sido así, de modo que realizamos una demanda al juzgado de lo Social.

Para el juicio valoramos la importancia de incluir un informe pericial que ratificase las patologías y limitaciones de nuestro cliente.

Somos conscientes de lo difícil que puede ser valorar a un paciente con limitaciones como las que presentaba nuestro cliente, no solo en la Seguridad Social, sino en los juzgados, por lo que pedir la ayuda de un médico forense para que valorara a nuestro representado y elaborase un informe para incluirlo como medio de prueba fue un paso importante a nuestro favor.

Más tarde, este informe pericial, junto a los excelentes argumentos de nuestro abogado, nos dio la razón y a nuestro cliente se le concedió una pensión por incapacidad permanente en grado de Gran Invalidez ganando con derecho a una prestación del 100% de la base reguladora de 1.514,80 euros más el complemento mensual de Gran Invalidez de 836,73 euros; es decir, un poco más de 2300€ cada mes y con todos los atrasos de más de 40.000€.