El caso tiene su origen en Andalucía, donde una mujer que padecía una grave situación de dependencia había solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia y las prestaciones correspondientes en julio de 2017.
A pesar de la urgencia de su situación, la administración no aprobó el Programa Individual de Atención (PIA) antes de su fallecimiento en marzo de 2019. Este retraso dejó a su familia, particularmente a su hija, en una situación de incertidumbre y carga económica, pues tuvieron que asumir los costes de su cuidado en una residencia privada.
La sentencia del Tribunal Supremo afirma que los derechos derivados del reconocimiento de la situación de dependencia no se extinguen necesariamente con el fallecimiento del solicitante si hay una dilación administrativa indebida.
En este sentido, establece que los herederos tienen derecho a que se concluya el procedimiento administrativo, incluso después del fallecimiento del dependiente, y a reclamar los gastos adelantados que habrían sido cubiertos por las prestaciones si el PIA se hubiera aprobado en tiempo.
El Tribunal Supremo argumenta que, aunque las prestaciones en sí son personalísimas y se extinguen con el fallecimiento del beneficiario, los herederos pueden tener derecho a un crédito si han asumido los costes del cuidado que debieron ser cubiertos por las prestaciones no otorgadas a tiempo debido a la dilación administrativa.
