En una reciente resolución que promete revolucionar las relaciones laborales en España, el Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo ha decidido a favor de una reclamación presentada por UGT.
Esta decisión podría llevar al gobierno español a emprender una reforma que elimine el tope máximo de 24 mensualidades en las indemnizaciones por despido improcedente, estableciendo además un mínimo de seis meses.
CONTEXTO Y DETALLES DE LA RESOLUCIÓN
El Comité, encargado de asuntos vinculados a empresas y trabajadores en el ámbito europeo, ha señalado que la regulación actual en España no cumple con la Carta Social Europea.
Actualmente, la indemnización por despido improcedente se calcula a razón de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, una medida que, según el Comité, no disuade suficientemente a las empresas de despedir a sus empleados.
UGT ha comunicado que esta resolución es vinculante y obliga al Gobierno a modificar la legislación vigente. Sin embargo, hay un debate entre los juristas sobre si esta decisión es de obligado cumplimiento o solo una recomendación. En cualquier caso, algunos tribunales ya lo están aplicando y están fallando a favor de que los trabajadores perciban indemnizaciones compensatorias por encima de los 33 días por año trabajado.
IMPLICACIONES DE LA REFORMA
De aprobarse esta reforma, se incrementaría significativamente el coste de los despidos, ya que las empresas no podrían conocer de antemano la cuantía de las indemnizaciones, que se arbitraría en función de las características personales de cada despedido, como su situación económica, si tiene hijos, si vive de alquiler o los riesgos de vulnerabilidad relacionados con discapacidad o violencia machista, entre otros factores.
Además, UGT ha pedido que se recuperen los salarios de tramitación (aquellos que el trabajador percibiría desde el despido hasta la resolución judicial) y que se agilicen los procesos judiciales para reducir los retrasos.
POSICIÓN DEL GOBIERNO Y EL MINISTERIO DE TRABAJO
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha mostrado su intención de modificar la regulación para elevar las indemnizaciones por despido, aunque no está claro que el Ministerio de Economía comparta la misma postura.
La ministra Díaz ha destacado que este cambio está contemplado en el acuerdo de Gobierno y que es esencial alinear la legislación nacional con la europea.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS EMPRESAS?
Para los trabajadores, esta resolución podría significar una mayor protección y una compensación más justa en casos de despido improcedente.
Para las empresas, sin embargo, supondría un incremento en los costes y la necesidad de gestionar despidos con mayor precaución.
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